Por Walter Aldana – walteraldana2@gmail.com
Lo que va a ocurrir a partir del 1 de Julio de 2021, será la APLICACIÓN DE LA FAVORABILIDAD, para todo proceso emblemático de corrupción.
Razón tenía un amigo abogado cuando me dijo: “hoy un gran abogado es un excelente relacionista, no un estudioso e implementador de la ley”.
En un reportaje de la W, se entregó la noticia de que “Aunque la corte constitucional se había pronunciado en relación a no dar más plazos, fue en 2011 por parte del procurador Ordoñez, cuando se introdujo la figura de la caducidad (más tiempo a las investigaciones). Ello en vez de exigir la celeridad en las averiguaciones y sobre todo en los FALLOS de la justicia.
Y claro está que entendemos, el nombramiento como procuradora de la ex ministra de justicia de Duque, para que alineara los astros alrededor del 2022, dando gabelas a unos y chantajeando con abrirles investigación a otros mandatarios, en el marco del paro nacional.
Es así como nos asombró la complicidad de la Sra. Cabello en relación a PRESCRIBIR el caso Reficar (conociendo los nombres de los miembros de su junta directiva, se entiende) y con la máxima jurídica de que: “se equivocaron, pero de buena fe”, perdiendo la nación más de U$820.000 millones de dólares, ya que los proveedores privados recibieron adiciones presupuestales injustificadas de más del 69% de los valores iniciales contratados.
Le corresponde entonces ahora el turno de las oportunidades a “Odebrecht, PAE, cartel de la Hemofilia (del suegro de la “impoluta Vicky Dávila”) ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons, Bernardo el ñoño Elias, la ruta del sol, tema tierras cuestionadas en Cundinamarca, las casas fiscales de la policía en el Tolima, etc…”
Y ello porque El código general disciplinario, inicia a regir a partir del 1 de julio de 2021 y archiva o prescribe más de 10 mil procesos que se encontraban en acciones disciplinarias, o no han tenido la segunda instancia, en etapa preliminar, o en investigación, o los casos que ocurrieron antes del 1 de julio del 2016.
Y la ex ministra cabello, hoy procuradora, presenta proyecto de ley al congreso de la república para supuestamente “frenar tal despropósito”, incluyendo un mico, donde la entidad se permitiría actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad”. Modificando lo establecido actualmente de que El Procurador General de la Nación, no puede desvincular a los alcaldes con fundamento en el artículo 278 numeral 1° de nuestra constitución política.
Además de aumentar la burocracia con la contratación de 500 personas más en la procuraduría general de la nación.
Todo lo que hizo el ex procurador Carrillo fue “lograr” aplazar su entrada en rigor a este 2021
Beneficiados de la entrada en vigencia de la ley a partir del 1 de julio serán: “8.198 alcaldes, 3.194 concejales, 670 gobernadores, 216 investigaciones entre diputados y ediles, entre otro tipo de funcionarios públicos”.
Recuerdan el: “ojo con el 2022”, ahí está con los favorecidos la búsqueda de aliados y dineros para esa campaña.
