Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, Asoinca, Fernando Vargas, al señalar que la justicia colombiana amparó sus derechos y ordenó que, si no hay garantías, no exista la “presencialidad”.
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El directivo del sindicato recordó que una sentencia judicial puntualizó que si no se cumplen a cabalidad los protocolos para evitar la propagación del COVID-19, no están obligados a ir a las aulas.
De esa manera, señaló que en una asamblea en la que participó el 90% de los maestros de la ciudad, determinaron que en los casos donde no se cumplan las normas, interpondrán desacatos, para que el juzgado determine el futuro de las jornadas presenciales.
“Ya no es una medida administrativa de Salud o Educación, es el juzgado el que llama a que se cumplan unas mínimas medidas y en ese sentido estamos actuando”.
Vargas agregó que cuando esas situaciones se produzcan continuarán con los mecanismos virtuales, como se ha venido trabajando desde hace un año y medio, cuando inició la pandemia.
“Estaremos en toda la disposición de desarrollar la actividad con aquellos que han venido en el proceso, hasta cundo se solucionen las condiciones. Todos deseamos que se normalice el proceso educativo”.
En municipios como Bolívar, La Vega y recientemente en Páez, se ordenaron aislamientos obligatorios por brotes de la enfermedad con altos riesgos en las instituciones educativas.
