El Gobierno de Colombia ha dado un paso significativo hacia el fortalecimiento de la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, al promulgar el Decreto 1094 de 2024. Este decreto reconoce oficialmente el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA), una herramienta de derecho propio establecida por las autoridades tradicionales del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

El Decreto 1094 establece las competencias y mecanismos de coordinación para la operación de la ATEA en los territorios del CRIC, asegurando que las comunidades indígenas puedan gestionar sus asuntos territoriales, económicos y ambientales de acuerdo con sus usos y costumbres. Basado en un marco jurídico sólido que incluye la Constitución Política de Colombia, la Ley 21 de 1991, y el Convenio 169 de la OIT, este decreto refuerza la capacidad de autogobierno de los pueblos indígenas.

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Entre los principios clave del decreto se destacan la autodeterminación, la soberanía alimentaria, la integralidad, y el deber de cuidado y protección del territorio. Estos principios garantizan que las decisiones en los territorios indígenas estén alineadas con las tradiciones y conocimientos ancestrales de los pueblos originarios.

Además, se establece que la ATEA coordinará con las entidades públicas competentes para asegurar la protección y desarrollo de los territorios indígenas, respetando los saberes tradicionales y los marcos legales nacionales e internacionales. Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con el respeto y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia.

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