La Defensoría del Pueblo informó que emitió la Alerta Temprana 018-2022 tras analizar la compleja situación que viven los pobladores por cuenta del reacomodamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones delincuenciales.
El equipo del Sistema de Alertas Tempranas, SAT, determinó los riesgos a los derechos humanos que se presentan por las bandas delincuenciales y criminales que estarían asociadas a grupos armados ilegales.
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«Los pobladores han sido víctimas de amenazas de grupos postdesmovilización quienes aunque no tienen una presencia activa en el territorio, si han entregado panfletos con advertencias».
La alerta señala que esta zona es un corredor de movilidad para el narcotráfico.
«Por la extensión de los cañaduzales los ilegales se pueden esconder o les sirven de caminos invisibles. También queda en evidencia que por la zona se transportan armas y objetos robados», agregó la entidad.
La Defensoría sostuvo que son preocupantes los riesgos que enfrentan las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están expuestos a ingresar a los grupos delincuenciales o ser víctimas de reclutamiento forzado por cuenta de los grupos armados ilegales.
«En riesgo también están las lideresas y líderes sociales y comunitarios y las comunidades afros e indígenas”, subrayó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Además de los riesgos señalados, la alerta previene ante la posibilidad de un desplazamiento forzado masivo o individual, homicidios, amenazas, hostigamientos y desaparición forzada.
La Defensoría entregó 45 recomendaciones para que las autoridades civiles y la Fuerza Pública disuadan el contexto de amenaza, «también para que se adelanten acciones de prevención, acceso a la justicia, atención a las víctimas, incluso, la superación de factores de vulnerabilidad socioeconómica».
