El presidente de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, Asoinca, Fernando Vargas, lamentó que los trámites para la atención de este tipo de intimidaciones se extiendan entre tres o seis meses, lo que pone en riesgo extremo a los afectados.
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“El procedimiento es dispendioso, en tres o seis meses pueden pasar muchas cosas, y por esos procedimientos han fallecido o han sido asesinados muchos líderes sociales en el país”.
Según el vocero, los maestros amenazados han adoptado sus propias medidas y permanecen en Popayán, a la espera de respuestas de la Unidad Nacional de Protección, UNP.
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Los afectados solicitaron reubicación para reducir los riesgos y por ahora, no regresarán a sus aulas.
Los casos son de conocimiento de la Fiscalía y la Secretaría de Educación Departamental.