En una audiencia realizada este jueves en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, se revelaron impactantes acusaciones contra Nicolás Petro Burgos, diputado del Atlántico e hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. El joven político es investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Durante la diligencia judicial, el fiscal Mario Burgos presentó nuevos elementos probatorios que señalan la implicación de Nicolás Petro en el ingreso de dinero de dudosa procedencia a la campaña presidencial de su padre.
Según las revelaciones del propio Petro Burgos, recibió fondos de Santander Lopesierra, conocido como «El Hombre Malboro», y de Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso «El Turco» Hilsaca, que estaban destinados a la campaña de su progenitor, pero terminaron en sus manos. Además, también admitió haber recibido dinero del poderoso empresario de Cúcuta, Óscar Camacho.
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Estas acusaciones implican una violación de los topes electorales establecidos por ley y han abierto nuevas líneas de investigación sobre el financiamiento irregular de la campaña presidencial del actual mandatario, Gustavo Petro. A raíz de estas revelaciones, Nicolás Petro presentó su renuncia como asambleísta del Atlántico y prometió no volver a participar en actividades políticas.
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El fiscal Mario Burgos afirmó que el hijo del presidente no representa un peligro para la sociedad, lo que indica su disposición para enfrentar el proceso judicial sin el fuero que su condición familiar le otorga.
Se espera que en el transcurso de la investigación se revelen más detalles sobre las posibles conexiones de Petro Burgos con otros políticos y empresarios involucrados en actos de corrupción relacionados con la campaña presidencial. El gobierno de Gustavo Petro se encuentra en una situación delicada debido a estas acusaciones que ponen en entredicho la transparencia de su mandato.
El caso ha generado conmoción en el país y ha reavivado el debate sobre la financiación de campañas políticas y la lucha contra la corrupción en la esfera pública. La Fiscalía continuará con la investigación para esclarecer la magnitud de la situación y determinar las responsabilidades correspondientes.
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