Por: Concejal William Campiño – @WilliamCampino

Los hechos recientes que muestran la ira de la comunidad ante el frecuente accionar delincuencial en Popayán, agrediendo e incinerando las motocicletas de presuntos asaltantes, son un reflejo de la creciente insatisfacción ciudadana por los altos índices de inseguridad y la falta de una política clara y eficaz en materia de convivencia y seguridad ciudadana.

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Si bien esta reacción de la comunidad podría enviar un mensaje muy contundente a la delincuencia, lo cierto es que nos demuestra el resquebrajamiento de la gobernabilidad en materia de orden público, la deficiente respuesta de los organismos de seguridad y la justicia. Parece ser que el gobierno local no tiene un plan de seguridad serio para afrontar los problemas de la criminalidad que aquejan a los payaneses, quienes ya no esperan que las autoridades de policía capturen a los indiciados para después ser juzgados conforme a la ley y a la Constitución, porque se piensa que después los dejarán libres por alguna circunstancia, dando por seguro que no habrá un proceso real y que el delincuente saldrá a la calle a insistir en la conducta del delito.

Hay silencio del gobierno local ante este fenómeno, no hay un plan de sensibilización ciudadana para evitar la «justicia» por propia mano, lo cual nos puede llevar a un grave problema social. Tampoco se observa un empoderamiento de la seguridad ciudadana, a tal punto que nunca conocemos de primera mano los resultados de los consejos de seguridad y los logros después de las actividades que en materia de convivencia se deben hacer constantemente.

La comunidad está preocupada por lo que ocurre en Popayán, y ante la desconfianza e impotencia, optan por una reacción que debe erradicarse totalmente, a través de un plan que genere empleo y oportunidades para los jóvenes, que incremente la percepción de seguridad y garantice un clima de confianza institucional

El acto de «justicia» por propia mano afecta no solo los derechos inherentes de la persona como la vida y la dignidad, sino que rompe con el componente del debido proceso.

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Que bueno sería que las autoridades recobraran la misión de los frentes de seguridad y convivencia ciudadana, en los que los ciudadanos debidamente organizados, ante un hecho delincuencial activaban el árbol telefónico, las alarmas del sector y de forma coordinada con el cuadrante policial del sector, capturaban al sospechoso, y con la garantía de los Derechos Humanos, lo trasladaban ante la Fiscalía, para que esta institución lo presentara ante un juez de la República.

Hoy se requiere con urgencia, paralelamente a programas sociales, una UPJ (Unidad Permanente de Justicia), un fortalecimiento de la infraestructura carcelaria y un proyecto de cultura ciudadana para fomentar la seguridad y justicia legal.