Por: Sandra Guerrero – @SamiGuevlez
pasado 25 de marzo la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, radicó ante el Congreso de la Republica, con carácter de urgencia, el proyecto de ley que busca reformar el Código General Disciplinario, CGD, de la entidad que ella precede y al cual llegó gracias al guiño y beneplácito del presidente Iván Duque y el partido de gobierno Centro Democrático.
Ver CGD-> https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90324
Este ambicioso plan busca darle poderes judiciales a la entidad, es decir, convertir a los procuradores en jueces de la república, acción que en si misma ya prende todas las alarmas de la violación sistemática a la democracia y evidencia lo maquiavélico de la propuesta.
Como si fuera poco, el documento plantea ampliar la planta del personal de la entidad, pasando de 4300 a 6500 funcionarios, generar 400 nuevos cargos para procuradores especiales delegados, empleados del estado que en la actualidad tienen salarios entre los 15 y 30 millones de pesos, y hacer de la entidad un fortín político de peso pesado a escasos 9 meses de las elecciones en Colombia.
La reforma al CGD, además plantea una adición presupuestal a la entidad anualmente, que supera los 40 mil millones de pesos, todo un despropósito si se tiene en cuenta la aguda situación económica que afronta el país, y por la cual, desde hace más de un mes, millones de colombianos salen casi que, a diario a marchar por las calles, pidiendo justicia social y equidad, salarios justos y mejora en las condiciones de calidad de vida.
Aunque la Procuradora dice que esta iniciativa busca “fortalecer las garantías de los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular” a todas luces se ve, que es una idea motivada a causa del fallo proferido en años pasados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la cual declara que (un órgano como la Procuraduría no puede destituir ni inhabilitar a los funcionarios elegidos por el voto popular), como fue el caso particular de Gustavo Petro.
Ver declaración Procuradora: https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuradora-proyecto-Codigo-General-Disciplinario.news
Sumado a todo este entramado de pillajes y suspicacias políticas, nos encontramos ad portas de una reorganización de partidos y postulación de gamonales locales para las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en marzo del 2022.
De lograr ser aprobada esta iniciativa la Procuraduría tendría todas la herramientas jurídicas y legales para ser los nuevos policías políticos del país…. Es decir, Colombia viviría lo que vivió una España, Chile, Argentina en tiempos de dictadura o al mejor estilo del fascismo y nazismo puro que vivió Italia y Alemania, en tiempos del totalitarismo político y militar donde Benito Mussolini “El Duce” y Adolf Hitler, le impusieron a su pueblo épocas de bárbaras naciones.
En tiempos de mortales y dioses, la PGN, se convertiría en el olimpo de los dioses del Centro Democrático, Partido Conservador y uno que otro afecto a esa institución que por obvias razones quedará exento de toda culpa por más pruebas que haya en su contra, (como los integrantes de la junta directiva de REFICAR, o las del senador pulgar) por el contrario aquel que no guste de los postulados institucionales ni del gobierno de turno, sufrirá con creses el rigor de la injusticia que este órgano rector pueda impartir, tal es el caso del congresista de oposición, Alexander López Amaya del Polo Democrático Alternativo, a quién se le decretó apertura de investigación, justo el día en que la Comisión Primera de Senado iniciaba debate de la ley propuesta por la Procuradora Cabello.
Así las cosas, no queda más que esperar y confiar en la sensatez de los congresistas para que mencionada ley no sea aprobada, de lo contrario Colombia será una Venezuela ruta dos con policía política y una profunda crisis de institucionalidad a bordo.
